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Una red falsificaba traducciones del árabe de juzgados y administraciones

La policía acusa a cinco personas de hacer documentos oficiales fraudulentos

“¡Alabado sea Alá, el Todopoderoso, el Clementísimo, el Misericordioso!”. Esta encendida proclama encabeza los documentos civiles del Reino de Marruecos, como actas de matrimonio o nacimiento, certificados de penales… Los inmigrantes magrebíes necesitan a menudo estos papeles en castellano para resolver trámites con la Administración y acuden a intérpretes jurados para lograrlos. Pero no siempre quien traduce es quien dice ser. La policía ha destapado ahora un supuesto chiringuito en Barcelona que cuenta con franquicias en Sevilla, Almería, Las Palmas de Gran Canaria y Valencia, y que ha expedido, sólo en la oficina barcelonesa, un millar de traducciones fraudulentas.

El Cuerpo Nacional de Policía ha detenido a cuatro personas por falsificación de documentos e intrusismo profesional. Según la investigación, los cuatro -que carecen de la habilitación del Ministerio de Asuntos Exteriores- elaboraban las traducciones y daban al cliente un documento que acreditaba que aquello era una copia “fiel e íntegra” del original. Para dar una pátina de legitimidad a las traducciones, estampaban en ellas el nombre del único traductor acreditado, el saharaui nacionalizado español Mohamed Brahim, que hasta hace unas semanas ni siquiera estaba en Barcelona. Él, que es dueño de la oficina investigada, también está imputado, a la espera de juicio, por falsificación y usurpación de estado civil.

La oficina, situada frente al Consulado General de Marruecos en Barcelona, funciona desde hace años. Allí se han confeccionado, siempre según la policía, alrededor de 1.000 documentos que ahora andan en juzgados y administraciones públicas. Por cada traducción, la oficina cobra entre 25 y 30 euros. En el registro del local, los agentes hallaron folios en blanco ya sellados y rubricados por Mohamed Brahim.

La Asociación de Traductores e Intérpretes Jurados de Barcelona interpuso la denuncia que ha desembocado en la operación policial. También ha solicitado a la Generalitat que inhabilite al traductor. “Nuestra función es personal e intransferible. ¡Nadie se imaginaría a un notario delegando su trabajo en otro!”, dice su portavoz, Josep Peñarroja. Según la denuncia, la figura del traductor jurado es importante “por las implicaciones de los documentos”. “Una simple traducción jurada no veraz de un certificado de penales puede permitir la entrada en territorio español con cobertura legal de un terrorista o de delincuentes de todo tipo”.

La asociación señala que el volumen de traducciones en la oficina es “inmenso” y que se les da salida “con una rapidez extraordinaria”. Además, como los trabajadores no tienen la formación necesaria, las traducciones son “de muy baja calidad”. El juez responsable del registro civil de Mataró, por ejemplo, acordó “no admitir las traducciones efectuadas” por Brahim por apreciar en ellas “continuas omisiones y errores”.El traductor bajo sospecha sólo puede trabajar con el árabe y, en cambio, en su oficina se elaboraban documentos de Senegal en francés. El acusado se defiende alegando una conspiración contra él. “La asociación me ha implicado porque atacar a un árabe, a un moro, es muy fácil”, afirma Brahim, que atribuye la denuncia a “envidias mezquinas”. “Ante la torpeza de la competencia, estoy haciendo mi agosto. Ellos siguen como escribanos y yo me he modernizado, uso Internet y trabajo mucho”. Brahim admite que algunas traducciones las “revisa” a distancia. “Viajo y salgo fuera de Barcelona, pero en todo momento llevo mi ordenador”. Pese a admitir el “ingente volumen” de trabajo que tiene, alega en su defensa que algunos textos son “documentos tipo” y que dispone de “plantillas” porque son “invariables en su textura legal”.

Peñarroja replica que las traducciones hay que firmarlas “de propia mano” e insiste en que estos documentos oficiales “no pueden realizarse a distancia, por teléfono, dejando hojas selladas y firmadas, y verificándolas por Internet”. Brahim también reconoce que ha elaborado traducciones del francés, pero replica que fue para ayudar a unos senegaleses sin recursos. Sobre la resolución del juzgado de Mataró, insinúa que es un “chantaje” y que allí hay “alguien compinchado”. Y sobre las franquicias, insiste en que sólo son “puntos de recogida de trabajo” y los documentos se envían a su oficina de Barcelona por correo electrónico. “Tengo un gabinete respetable y 25 años de profesión. No había motivo para que la policía irrumpiera aquí. Les han engañado”, proclama.

Las traducciones juradas tienen valor por sí mismas. No hace falta que nadie las valide. Sin embargo, el Consulado de Marruecos estampa su sello en algunas de ellas y cobra una pequeña cantidad. El cónsul general en Barcelona, Ghoulam Maichane, matiza que si se hace es porque “las administraciones españolas lo requieren para tener más garantía” y que se informa al ciudadano de que no es obligatorio.

www.elpais.es, por Jesús García


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