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Los juzgados gallegos tendrán por primera vez un servicio permanente de intérpretes

Las empresas que opten al concurso deberán garantizar que dominan 10 idiomas entre los que no figura el alemán, a pesar de que el Tribunal Superior sostiene que es uno de los más demandados

La presencia cada vez mayor de población inmigrante en Galicia continúa creando nuevas necesidades, también desde el punto de vista de la Justicia. Para responder a esta realidad multicultural, los tribunales gallegos demandan desde hace tiempo más traductores y un servicio de interpretación rápido y eficaz que garantice que siempre que sean requeridos a instancias de un juez o del Ministerio Fiscal se garantice el derecho de los imputados a expresarse en su idioma materno. Atendiendo a esta demanda, la Xunta acaba de licitar la contratación del servicio de traducción e interpretación para la Administración de Justicia de Galicia, un concurso que permitirá, por primera vez, que todos los juzgados de la comunidad cuenten con un grupo de intérpretes permanentemente disponibles.

Para hacerse con este contrato, que la Xunta licitará por separado para cada provincia, las empresas interesadas deberán acreditar que disponen de traductores e intérpretes para los siguientes diez idiomas: inglés, francés, árabe, rumano, polaco, búlgaro, portugués, chino, ruso y senegalés. Éstas son las únicas lenguas que establece como obligatorias la Administración gallega, aunque a la hora de resolver el concurso también se valorará a mayores cualquier otro idioma que los aspirantes acrediten debidamente. El alemán, por ejemplo, entraría en este segundo grupo a pesar de que el Tribunal Superior de Xustiza considera que es una de las cuatro lenguas que, atendiendo a la demanda, deberían contar en Galicia con traductores permanentes.

Aunque existe algún juzgado en Galicia que dispone ya de intérpretes en plantilla, fuentes de la Consellería de Presidencia explican que, hasta ahora, cuando se necesitaba traducir a un detenido o testigo extranjero, el juzgado lo notificaba a la Dirección Xeral de Xustiza y ésta se encargaba de buscar a un profesional que estuviera disponible en ese momento. Es decir, que la Xunta contrataba a los intérpretes “a demanda” y en función de necesidades puntuales.

Aunque este sistema permite a la Administración pagar tan sólo por los servicios que requiere y resulta, en este sentido, más económico que tenerlos en plantilla, el método nunca convenció a jueces y fiscales, ya que plantea un problema evidente de disponibilidad que, en algunas ocasiones, se traduce en una ralentización del ya de por sí lento funcionamiento de la Justicia.

Sin entrar en los supuestos problemas que el método de contratación de traductores e intérpretes podía plantear hasta ahora en los juzgados, desde la Consellería de Presidencia sí reconocen que la decisión de dejar en manos de una sola empresa este servicio pretende introducir más garantías y mejorar la eficacia actual del sistema. A este respecto, explican que contratando globalmente todos los trabajos de traducción e interpretación en el ámbito judicial se garantiza “siempre” el servicio y al extender el contrato a todas las sedes judiciales, también se universaliza, evitando así diferencias entre juzgados.

Y es que la empresa que se haga con la concesión deberá garantizar un número de intérpretes suficiente para poder “atender en tiempo y forma” todos los servicios que les encomienden los órganos judiciales o las fiscalías. Además, también se les exigirá una disponibilidad permanente, debiendo estar localizables las 24 horas del día para garantizar la rapidez de la actuación y eliminar así el riesgo de que, por las dificultades para encontrar un intérprete de un idioma determinado, se tenga que aplazar o incluso suspender un juicio o una toma de declaración. Este punto responde, precisamente, a la demanda expresada por el Tribunal Superior de Xustiza en su última memoria, que exigía una “cobertura rápida” de traductores para evitar los “tediosos trámites” que conlleva encontrar a personas que dominen un idioma

La empresa que resulte adjudicataria se hará cargo tanto de servicios de interpretación oral como de traducciones por escrito relacionadas con investigaciones judiciales en curso o en el transcurso de un juicio. El Ministerio Fiscal, los órganos judiciales y la Dirección Xeral de Xustiza serán los únicos competentes para encargarle una determinada actuación a dicha empresa, que en cualquier caso, sólo se ocupará de traducciones que le corresponda pagar a la Xunta.

La Xunta ha licitado el concurso por la vía de urgencia de modo que en menos de un mes estará adjudicado. La vigencia del contrato finaliza el 31 de diciembre aunque el pliego de condiciones contempla también la posibilidad de “prorrogarlo”. En su conjunto, la Administración gallega está dispuesta a pagar por este nuevo servicio un máximo de 100.000 euros, aunque más de la mitad de la partida presupuestada (70.000 euros) se repartirán entre las provincias de A Coruña y Pontevedra, por ser también las que más juzgados tienen.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) cuenta desde hace años con un gabinete de traducción gallego-castellano y viceversa radicado en su propia sede y que asume el grueso de las traducciones de documentación judicial que le llegan procedentes de toda la comunidad. Se trata del único servicio de estas características que existe en Galicia y, al menos en opinión del propio TSXG, es claramente insuficiente. En la última memoria del Alto Tribunal gallego, se hacía especial hincapié en la necesidad de “aumentar las competencias” de este gabinete para lo que proponía que asumiera la traducción de, “al menos, los idiomas portugués, francés, inglés y alemán”. No era el primer año que el TSXG planteaba esta cuestión aunque según se recoge en la propia memoria, la situación continúa “agravándose” ya que los datos de 2008 “corroboran lo ajustado a la realidad” de su demanda. “Es una necesidad ante la realidad multicultural que nos imponen los nuevos movimientos migratorios y la pertenencia a la Unión Europea, así como la gran cantidad de peticiones de cooperación judicial internacional que se realizan”, argumenta el presidente del TSXG en su memoria.

No obstante, y pese a la decisión de la Xunta de externalizar este servicio, el Alto Tribunal autonómico se muestra partidario de “la creación de plazas” para traductores vinculadas a la Administración judicial, argumentando que el elevado número de trabajos que se debe contratar “conlleva un gasto tan elevado económicamente que, sin duda, justifica la creación de dichas plazas”.

Por M. Vázquez, www.laopinioncoruna.es


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