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La CE dice que la norma sobre interpretación en procesos penales que promueve España no se ajusta a la Carta de DDHH

La nueva comisaria de Justicia, Viviane Reding, afirmó hoy que la norma para garantizar a los acusados el derecho a la interpretación y a la traducción en procesos penales que promueve la presidencia española no se ajusta a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Reding ha pedido al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que corrija su propuesta antes del lunes o de lo contrario presentará su propio texto legislativo alternativo, explicaron fuentes diplomáticas.

“La propuesta de algunos Estados miembros que está ahora sobre la mesa no se ajusta a la Carta de Derechos Fundamentales ni al Convenio Europeo de Derechos Humanos”, afirmó Reding en rueda de prensa al término de la reunión de ministros de Justicia de la UE, en la que se debatió esta directiva. El propio Consejo de Europa ha escrito a Bruselas denunciando “varias deficiencias” en esta propuesta, según resaltó la comisaria.

“¿Queremos que un ciudadano se enfrente a un tribunal sin poder dar instrucciones a su abogado porque no entiende la lengua? ¿Que sea incapaz de comprender o participar en los procedimientos por la pobre calidad de la interpretación y la pobre calidad de resumen oral de cargos? Esta no es el área de justicia que debemos crear para nuestros ciudadanos”, destacó la comisaria de Justicia.

El Ejecutivo comunitario considera que la propuesta de los Estados miembros no va bastante lejos en la protección del derecho de defensa de los acusados. En primer lugar, no garantiza la presencia de un intérprete en todas las reuniones entre el acusado y su abogado. Tampoco exige la traducción completa de todos los documentos. Finalmente, la Comisión quiere que se deje claro que el acusado no pueda renunciar a su derecho a un intérprete si no está presente su abogado, explicaron las fuentes.

EQUIPOS CONJUNTOS DE INVESTIGACIÓN

Los ministros de Justicia de la UE debatieron además la adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. La comisaria de Justicia se comprometió a presentar el mandato negociador en marzo.

Finalmente, los 27 adoptaron un nuevo modelo de acuerdo para la creación de equipos conjuntos de investigación entre diferentes Estados miembros, una “forma de colaboración que permite muy eficazmente combatir el crimen organizado”, según explicó el ministro de Justicia. El nuevo modelo incorpora “las mejores prácticas de las experiencias ya habidas”, dijo Caamaño.

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